Buenos Aires, 15 abr (EFE).- Un juez argentino determinó que no es delito borrar o alterar el contenido de una página de Internet al considerar que sólo las "personas", los "animales" y las "cosas" están protegidos por el Código Penal, informó hoy la prensa.
El juez federal Sergio Torres llegó a esta conclusión al juzgar un caso de "sabotaje" de la página de INTERNET de la Corte Suprema de Justicia, que fue denunciado en 1998 por los auditores del tribunal y por el cual un grupo de "hackers" o piratas informáticos fueron absueltos.
El magistrado estableció en su fallo de marzo pasado que las páginas web no son ni personas, ni animales, ni cosas, sino simplemente "elementos inmateriales", no protegidos por las leyes penales, destacó el diario "La Nación" al hacerse eco del hecho.
Este es el primer caso de penetración y alteración de un sitio en Internet que llega a la justicia federal argentina.

Ocurrió en enero de 1998, fue investigado por la División de Informática Criminal de la Policía y tuvo como principal imputado al argentino Julio López, quien encabezaba el grupo "X-Team".
"Una página web no puede asimilarse al significado de cosa. Ello es así en tanto y en cuanto por su naturaleza no es un objeto corpóreo ni puede ser detectado materialmente", dijo el juez Torres, quien consideró que hay un "vacío legal" en Argentina en este campo.
Pero el abogado Antonio Millé, de la empresa Microsoft, criticó la resolución del juez al sostener que "se atentó contra un bien material o cosa, que es la memoria en donde está grabado el archivo HTML, que cuando es ejecutado produce el despliegue del sitio o página web".
"Los 'hackers' alteraron los estados de tensión correspondientes a las celdas que soportan ese archivo, cambiando la combinación de unos y ceros que la conforman", añadió.
Los piratas informáticos se introdujeron el 25 de enero de 1998, cuando se cumplían tres años del aniversario del asesinato del fotógrafo de prensa José Luis Cabezas, en la página del más alto tribunal argentino mediante una proclama que exigía el esclarecimiento del crimen.
La investigación del hecho conllevó, durante cinco meses, "una serie de allanamientos espectaculares, detenciones rimbombantes, pinchaduras telefónicas" y finalmente la absolución de los imputados", dice "La Nación".
Además el caso también "disparó una competencia aún no resuelta" entre la Policía Federal, Gendarmería (policía de fronteras) y Secretaría de Inteligencia del Estado para liderar las investigaciones de delitos informáticos.